España tiene desde 2018 un historial ambivalente en su relación con la dictadura de Ortega. Comunicados de condena puntuales, gestos de acogida a exiliados, otorgamiento de la nacionalidad a personas desnacionalizadas y, a la vez, una “prudencia” diplomática que, ocho años después, empieza a parecer más resignación que una estrategia clara. La muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia estatal y el anuncio de Ortega de que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones son dos hechos de una gravedad extrema que exigían una respuesta española nítida, una respuesta que no ha llegado con la contundencia que la ocasión reclamaba.
Desde el estallido de las protestas de abril de 2018, que dejaron más de 350 muertos, España ha ido produciendo comunicados de condena en diferentes ocasiones. Por la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, por la cancelación de negociaciones con la Alianza Cívica, o por la cancelación de la personalidad jurídica de decenas de ONG. En 2021, tras el simulacro de elecciones que reeligieron a Ortega tras encarcelar a los principales candidatos opositores, la Oficina de Información Diplomática llegó a calificar los comicios de “burla” en un comunicado de siete párrafos. Ese lenguaje, sin embargo, ha convivido con una diplomacia de bajo perfil marcada por sucesivas crisis de embajadores expulsados -en 2021, en 2022 y de nuevo en enero de 2026, cuando Managua expulsó al embajador español Sergio Farré Salvá y Madrid respondió con reciprocidad- sin que ninguna de esas rupturas derivara en una política más firme y sostenida. Sergio Ramírez, escritor nicaragüense desnacionalizado y exiliado, ha señalado la “irritación permanente” de la dictadura Ortega-Murillo hacia España, precisamente por el respaldo que Madrid ha dado a las personas exiliadas y a las desnacionalizadas. España ha naturalizado a más de 300 ciudadanos nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen, un gesto humanitario relevante, pero que funciona como paliativo individual, no como palanca de presión política sobre Managua.
Brooklyn Rivera, histórico líder del pueblo miskitu y presidente del partido indígena Yatama, murió el 30 de mayo de 2026 tras casi 971 días de prisión política y desaparición forzada, en circunstancias que un grupo de expertos de la ONU calificó de responsabilidad estatal presunta, al no permitirse una investigación independiente ni la devolución del cuerpo a su familia. Amnistía Internacional exigió explicaciones inmediatas y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU pidió una autopsia imparcial, mientras Rivera se convertía en el séptimo u octavo preso político fallecido en cautiverio desde 2018, según distintos recuentos.
En un contexto de aislamiento creciente del régimen, la ausencia de una voz española clara deja el terreno, y eso es terrible a Estados Unidos
Frente a este hecho, que reunía todos los elementos -muerte bajo custodia, desaparición forzada, negativa a entregar el cadáver, dimensión indígena y de derechos humanos- para activar una condena española explícita y visible, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por un silencio prácticamente completo, sin comunicado propio equiparable al emitido por otros actores internacionales. En un contexto de aislamiento creciente del régimen, la ausencia de una voz española clara deja el terreno, y eso es terrible a Estados Unidos y transmite la sensación de que Madrid prioriza la gestión de sus propias crisis bilaterales sobre la defensa de los derechos humanos como principio.
El 19 de julio de 2026, durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega declaró que «aquí no volverá a haber elecciones», cancelando de facto los comicios previstos para noviembre de 2027 y consumando así la abolición práctica del sistema electoral nicaragüense. La reacción internacional fue rápida en algunos frentes. Estados Unidos, a través de Marco Rubio, advirtió que no permanecería “de brazos cruzados”, y numerosos países como Brasil o Uruguay han reaccionado con claridad. España, en cambio, se limitó a declarar que estaba “en contacto con la UE para alcanzar una posición común”, sin emitir un comunicado propio equiparable al de 2021 sobre las elecciones fraudulentas, ni fijar una posición nacional diferenciada.
Esa fórmula -“posición común con la UE”- es reveladora del patrón de fondo. España se refugia en el multilateralismo europeo precisamente en los momentos en que una voz propia, clara y temprana, tendría mayor valor simbólico y político, dado el vínculo histórico, lingüístico y migratorio que une a ambos países.
España mantiene relaciones diplomáticas parciales, intereses comerciales, cooperación al desarrollo y miles con vínculos familiares en juego, lo que tal vez explicaría cierta cautela. Pero cautela no es lo mismo que ausencia de liderazgo, y ahí está el problema central de la posición española actual, en la que cuanto más grave y reciente es el hecho, más se diluye la voz española en la del bloque europeo, justo cuando el régimen está más aislado internacionalmente y una postura firme tendría menor coste relativo.
«La credibilidad de España ante las víctimas, los exiliados y la oposición no se construye con gestos humanitarios posteriores, sino con posiciones claras en los momentos de mayor gravedad«
España cuenta con activos que ningún otro actor europeo posee en Nicaragua. El idioma común, una memoria histórica compartida, una diáspora nicaragüense activa en su territorio y una tradición de mediación en procesos de transición latinoamericanos. Ese capital simbólico se erosiona cada vez que el gobierno de Pedro Sánchez subordina su respuesta a la lentitud del consenso comunitario o a la prudencia de no irritar aún más a un régimen que, de todos modos, ya la trata como adversaria.
Si España aspira a jugar un papel relevante en una futura transición democrática nicaragüense y no deja este rol para que sea asumido por Estados Unidos, necesita construir ahora credibilidad ante las víctimas, las personas exiliadas y la oposición, y esa credibilidad se gana con posiciones claras en los momentos de mayor gravedad, no solo con gestos humanitarios posteriores como las naturalizaciones. El silencio ante la muerte de Brooklyn Rivera y la tibieza ante la abolición electoral son síntomas de una diplomacia que ha renunciado a liderar por miedo a perder lo poco que le queda, y que corre el riesgo de descubrir, cuando llegue la transición, que ese cálculo le ha costado precisamente el papel que quería reservarse.
España todavía puede elegir con qué credenciales llegar a la transición nicaragüense. Está a tiempo. Pero la ventana se cierra con cada silencio que se disfraza de prudencia.
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