Primera entrega
La represión estatal en Nicaragua ha alcanzado un nivel de especialización donde el género se utiliza como instrumento de control, humillación y silenciamiento, revela el informe del GHREN titulado “Nicaragua: la represión en clave de género”. El documento determina que cientos de defensoras de derechos humanos, feministas, periodistas y mujeres del colectivo LGBTIQ+ han sufrido agresiones y persecución política alimentada por estereotipos de género y la manipulación de roles de cuidado. Se busca castigar de forma diferenciada a quienes desafían el orden establecido por el Gobierno, utilizando prejuicios sociales para profundizar el daño en la integridad física y mental de las víctimas.
Existe una “profunda contradicción entre el discurso oficial que pregona la igualdad de género y una desigual realidad” en el país. El informe señala que, aunque el Gobierno destaca avances en la representación política, esta participación ocurre dentro de estructuras centralizadas y controladas, con escasa autonomía real para las mujeres. Ligia Ivette Gómez, exfuncionaria estatal, relata la falta de independencia institucional: “Las decisiones no se tomaban desde la institución, sino que venían como ‘orientaciones’ del partido y de Rosario Murillo. Las mujeres en cargos no podían disentir, aun cuando las órdenes implicaran violencia o represión. Cuando me negué a enviar personal a la calle tras la orden de ‘vamos con todo’ en 2018, fui despojada de mis funciones, aislada, amenazada y finalmente despedida”.
Las autoridades promueven un modelo tradicional de mujer asociado a la maternidad, la familia y la obediencia conforme el sistema patriarcal, estigmatizando a las disidentes como una amenaza para el orden social. La narrativa oficial ha servido para justificar ataques directos contra aquellas que ejercen un liderazgo público o defienden los derechos humanos. El Estado utiliza el marianismo como paradigma, reforzando actitudes patriarcales de lo que debe ser el papel de las mujeres en la sociedad nicaragüense. La intención es deslegitimar a quienes se apartan de tales roles impuestos para silenciar la disidencia política.
Desde las esferas del poder, se ha impulsado una campaña de difamación que califica al movimiento feminista como “feminismo chatarra” o “falso feminismo”. Rosario Murillo ha utilizado discursos públicos para presentar a las activistas como enemigas que buscan la desintegración familiar. El informe cita una proclama oficial: “Nos sentimos indignadas ante el comercio y la prostitución de los derechos de las mujeres, en boca de golpistas y criminales que esgrimen desprecio y odio contra el pueblo, y contra nosotras, las humildes, sencillas, valientes y heroicas mujeres nicaragüenses”. Este lenguaje busca aislar socialmente a las víctimas y convertirlas en blanco de la violencia institucional.
Un hallazgo determinante es la cancelación de al menos 282 organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Se ha eliminado espacios esenciales de protección, acompañamiento y denuncia en todo el país, dejando en la indefensión a miles de niñas y mujeres. Muchas de estas entidades brindaban servicios legales, psicosociales y de salud sexual y reproductiva que el Estado no cubre. El impacto de estos cierres ha sido desproporcionado para quienes dependen de estos servicios frente a la violencia de género y la pobreza.
La destrucción de estas organizaciones desmanteló las “redes de cuidado y asistencia que sostenían la vida diaria de muchas comunidades”. El cierre de asociaciones comunitarias y religiosas eliminó programas de emergencia y cuidado infantil, tareas mayoritariamente ejercidas por mujeres. El informe destaca que la acción estatal incrementó la precariedad económica y la vulnerabilidad de las poblaciones rurales e indígenas. La represión no solo afectó la defensa de derechos, trastocó la supervivencia diaria de los sectores más excluidos.
El GHREN subraya que el activismo de las mujeres representó un desafío frontal al autoritarismo por su capacidad de movilización autónoma. Por ello, la persecución que sufrieron no fue solo contra sus estructuras legales, sino contra ellas mismas por la transgresión que su participación pública representaba. El Estado ha buscado silenciar liderazgos reconocidos y validados por sus comunidades, presentándolas como contrarias a la moral y la familia. Es una estrategia para desalentar cualquier forma de resistencia civil organizada.
Las mujeres que ocupan cargos bajo el esquema de paridad política enfrentan un control jerárquico estricto. El sistema conocido como “50/50” funciona como fachada de equidad, no permite incidir realmente en políticas que promuevan una igualdad sustantiva. El informe indica que el progreso en términos de paridad es meramente declarativo en un contexto de estructuras altamente centralizadas. Las funcionarias públicas son vigiladas y castigadas si se perciben como amenaza para la consolidación del poder.
El Estado ha reproducido e instrumentalizado desigualdades estructurales para castigar y silenciar a las víctimas. La violencia estatal usa los estereotipos de género preexistentes en la sociedad para disciplinar a las mujeres que se oponen al proyecto oficial. Estos impactos son descritos como profundos, acumulativos e intergeneracionales, afectando no solo a las víctimas directas sino a todo su entorno. La represión se entrelaza con otros motivos de discriminación como la edad, el origen étnico y la orientación sexual.
Las indígenas y las afrodescendientes enfrentan formas agravadas de victimización por la combinación de la represión política con el racismo. La cancelación de organizaciones como CEJUDHCAN afectó el acompañamiento de 97 comunidades que contaban con medidas de protección internacional. Las líderes sufren el despojo territorial y la violencia de colonos armados en un entorno de impunidad garantizada por el Estado. El racismo estructural agudiza las consecuencias de las violaciones de derechos humanos sufridas por estos colectivos.
Las personas del colectivo LGBTIQ+ han enfrentado ataques homófobos y estigmatizantes por agentes estatales. El uso de lenguaje denigrante busca reforzar el estigma y la discriminación, obligando a muchas personas al exilio. El informe documenta el empleo recurrente de calificativos peyorativos, como la expresión “cochona”, para humillar a víctimas opositoras o percibidas como tales. La discriminación por orientación sexual e identidad de género se utiliza como elemento adicional en la aplicación de tortura.
Las campesinas han sido blanco de la represión por su rol en la defensa de la tierra y su oposición a políticas estatales. Líderes como Francisca Ramírez se vieron obligadas al exilio debido a la vigilancia y las amenazas constantes de la policía y el ejército. La represión en zonas rurales se caracteriza por el acoso a través de operativos policiales y militares coordinados. Estas mujeres enfrentan el desarraigo de sus territorios, lo que afecta profundamente su identidad y sus medios de vida tradicionales.
El informe advierte sobre un vacío de información deliberado, ya que instituciones clave han dejado de publicar datos sobre violencia de género y femicidios desde 2023. La carencia de registro oficial impide el análisis de los delitos y obstaculiza políticas de prevención efectivas. La ausencia de transparencia es interpretada como falta de compromiso gubernamental en la lucha contra la violencia machista. Mientras el Estado oculta cifras, organizaciones independientes siguen documentando decenas de femicidios anuales en el país.
La comunidad internacional es instada a mantener el monitoreo sobre Nicaragua y apoyar los procesos de rendición de cuentas. El informe recomienda proteger a las nicaragüenses en el exilio y garantizar el apoyo financiero a las organizaciones feministas que operan desde el extranjero. La restitución de derechos y la liberación de las personas detenidas arbitrariamente son pasos urgentes para frenar el clima de impunidad y miedo. El GHREN enfatiza la necesidad de un enfoque interseccional en todas las medidas de resarcimiento.
Foto: La Lupa.press
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