Redacción AP Este fin de semana del 31 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023, la dictadura Ortega-Murillo autorizó una visita familiar a las personas presas políticas, confinadas en la Dirección de Auxilio Judicial de policía, conocida como El Chipote, en ocasión del Año Nuevo.
Las visitas se dieron luego de múltiples campañas de la sociedad civil demandando respeto a los derechos humanos de las personas presas políticas y el sometimiento a huelga de hambre por parte del cronista deportivo, Miguel Mendoza; el abogado Roger Reyes; Miguel Mora, y la líder opositora, Tamara Dávila, para exigir ver a sus hijos e hijas.
Al encuentro acudieron hijos e hijas menores de edad de las personas presas políticas, así como familiares cercanos. Según testimonios de familiares, las personas presas que tienen a sus hijos e hijas fuera del país pudieron ver fotografías, pero finalizado el encuentro, no pudieron conservarlas.
Esta es la última de tres visitas especiales que el régimen autorizó a las personas injustamente apresadas, en ocasión de las festividades de fin de año, de acuerdo a un comunicado que la policía orteguista divulgó a principios de diciembre.
La familia de la presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Suyen Barahona, actual presa política, informó que la dictadura permitió que su pariente tuviera una llamada telefónica con su hijo de cinco años, quien se encuentra con su padre fuera del país por motivos de seguridad, luego del acoso y persecución a la que ha sido sometida la familia.
Por su parte la familia del cronista deportivo y actual preso político, Miguel Mendoza, relató que fue la segunda navidad que su pariente pasó en prisión. En 2021 ni siquiera les permitieron tener ningún de comunicación con él, por lo que ellos y principalmente su hija de ocho años se sintieron emocionados de verlo y abrazarlo el pasado 25 de diciembre.
Nicaragua inicia el año 2023 con más de 283 personas presas políticas, incluidos varios sacerdotes y el obispo Rolando Álvarez. La ciudadanía dentro y fuera del país y la sociedad civil promueven una campaña demandando la liberación de todas las personas presas políticas.
