Patricia Orozco Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta para los DH, actualizó la situación de los derechos humanos en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este 18 de diciembre recién pasado.
La comparecencia de Al-Nashif, como recordó la Secretaria del Consejo, fue conforme la Resolución 52-Nicaragua, en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos en el país, en la cual se responsabiliza a la Alta Comisionada del seguimiento y diálogo, con informes que respondan a las cuestiones de género y basados en los partes anteriores, en particular sobre la justicia y las debidas garantías procesales para los incidentes políticos y los grupos en situaciones de vulnerabilidad. También se pidió a Nada Al-Nashif un informe oral seguido de un diálogo interactivo.
La Alta Comisionada manifestó que su oficina “sigue documentando la violación de derechos humanos que ha tenido lugar en Nicaragua desde el 2018” y que sigue “descorazonada ante la falta de acción para prevenir estas violaciones y ante el alejamiento continuado por parte del Gobierno por los derechos humanos, el estado de derechos y otros tejidos democráticos básicos”.
Agregó que líderes indígenas, políticos, miembros de la iglesia católica, defensores de DH, y otras personas como periodistas, han sido giro de un ataque sistemático por parte del Gobierno por expresar opiniones distintas, muchos están en el exilio sin posibilidad de volver y los que permanecen en Nicaragua viven bajo una amenaza constante o encaran graves violaciones de DH- La impunidad es la norma, precisó. “El Gobierno sigue persiguiendo a aquellos que presentan una opinión alternativa de la esfera pública.”
Gobierno ha extendido el control a la Costa Caribe
La representante de Naciones Unidas se refirió también el control político que el Gobierno ha extendido sobre la Costa Caribe de Nicaragua, y en el marco de ese contexto dijo que las autoridades el 3 de octubre cancelaron la personalidad jurídica de Yátama, el partido político de ascendencia indígena en el país, y que “sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de libertad sin orden de arresto ni un proceso debido”.
Agregó que les preocupa “la salud y la integridad física de uno de ellos, un varón de 71 años, cuya suerte y paradero sigue desconocido desde que fuera detenido el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en una situación que casi parece una desaparición forzada”.
La otra representante de Yátama ante la Asamblea Nacional, la exalcaldesa de Bilwi, Nancy Enríquez, fue sentenciada a ocho años de cárcel el 13 de diciembre, por menoscabar la integridad nacional y por propagar falsas noticias, en unos procedimientos desprovistos de garantías judiciales, según la Alta Comisionada.
Los escaños de los dos representantes de Yátama fueron rápidamente reasignados al partido de Gobierno. Estas medidas preocupan dado el contexto de las próximas lecciones regionales, previstas según el calendario electoral para marzo 2024, ha dicho Al-Nashif, quien asimismo informó que desde agosto se han celebrado 69 consultas, en seis semanas, con 5,550 personas que representan a 23 territorios indígenas, para obtener su consentimiento al Proyecto BioClima.
Señaló además, que les intranquiliza la falta de información suficiente de dicho proyecto y sus riesgos “y sobre una presión indebida que se haya ejercido sobre los pueblos indígenas para obtener su consentimiento sin que se les haya dado suficiente tiempo para deliberar, teniendo en cuenta que estas consultas se organizaron ante la presencia de policías armados” y para quien las mismas deben efectuarse en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos “lo cual incluye consentimiento previo, libre e informado”.
Siguen restricciones contra el espacio cívico
A su vez, lamentó que continúen las restricciones contra el espacio cívico, con casos reiterados de detenciones arbitrarias contra quienes ejercen sus derechos fundamentales. “17 mujeres y 54 hombres, incluidos opositores políticos y defensores de derechos humanos siguen detenidos arbitrariamente”, dijo. Añadió que “se celebran juicios penales sin la presencia física del acusado, que participa únicamente por videollamada, y sin asistencia letrada”. Su oficina ha documentado informes de torturas, situaciones detenciones y amenazas contra prisioneros y sus familias para que no denuncien las condiciones de detención, dijo.
Ilustra ese entorno, según la Alta Comisionada, el caso de una mujer detenida en abril 2023 por imprimir una camiseta con el lema Viva Nicaragua Libre. “Se la privó de visitas familiares durante dos meses, y ahora solo puede recibir la visita de sus niños de uno y ocho años, una vez al mes, 45 minutos, ambos deben viajar cuatro horas para poder llegar a la prisión La Esperanza” detalló.
También se refirió al caso de un hombre de 70 años que criticó verbalmente al Gobierno en su tienda, fue detenido y desaparecido durante un mes; y de un académico que criticó al Gobierno en su cuenta social, fue detenido a finales de noviembre y sigue desaparecido.
Sobre la persecución religiosa, detalló que “persisten las limitaciones a la libertad de religión que imponen las autoridades son incompatibles con las obligaciones de Nicaragua bajo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aseguró y mencionó la prohibición de varias misas». Si bien reconoció el hecho que doce sacerdotes hayan sido trasladados al Vaticano como parte de un acuerdo, dijo que Monseñor Rolando Álvarez sigue detenido en la prisión La Modelo.
Durante el Diálogo Interactivo, en el marco de la actualización que promovió el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de Nicaragua, Lisette Dávila, madre de Álvaro Conrado de 15 años, asesinado por la dictadura, de la Asociación Madres de Abril, AMA, defensora de derechos humanos y de la Coalición Nicaragua Lucha, expresó que las y los familiares de personas asesinadas por el Estado de Nicaragua, continúan la lucha por el respeto a los DDHH y a la justicia sin impunidad. “Son 355 víctimas mortales que dejó la represión estatal en el año 2018 debidamente documentados en el MESENI y en el GREN”.
Señaló Lisette que no se puede normalizar la crisis sociopolítica y de derechos humanos que se vive en Nicaragua, y agregó que en el país no hay ningún tipo de libertad, que en las cárceles hay mas de 100 personas presas para quienes demandan libertad, incluyendo “la del líder miskito Brooklin Ribera”.
En nombre de AMA, Dávila instó al Consejo de Derechos Humanos que siga realizando las investigaciones exhaustivas del asesinato de las víctimas que ha dejado el Gobierno de Nicaragua como medida represiva.
El defensor de derechos humanos Rubén Moncada también alertó de las más de 100 personas que continúan privadas de libertad por motivos políticos y sometidas a juicios sin garantías procesales, algunos casos incluso califican como desapariciones forzadas de corto plazo, destacó. Parte de ese patrón represivo son la criminalización de guardabosques del pueblo indígena Mayangna y el encarcelamiento de tres mujeres jóvenes, activistas del movimiento Ixhua.
Moncada, también defensor de derechos de la comunidad LGBTIQ+, atestiguó cómo ha sufrido la violencia de un Estado totalitario y policial que ha suprimido las libertades. “Las personas defensoras de derechos humanos hemos tenido que hacer frente a múltiples tipos de violencias. Personalmente he experimentado vigilancia, persecución, estigmatización, difamación, allanamientos y requisas ilegales, que, incluyen tocamientos sexuales por razones de mi orientación y expresión sexual. Mi experiencia solo esboza algunos de los patrones represivos. Soy una de las miles de personas que ha tenido que salir al exilio”, dijo ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos.
Para el defensor y para las organizaciones de derechos humanos que lo acompañan, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Gobierno en Nicaragua se sostiene por el terror, la violación sistemática a los derechos humanos y la criminalización de cualquier actividad que ponga en riesgo su continuidad.
Al finalizar su participación, Moncada solicitó al Alto Comisionado continuar apoyando la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, abrir caminos para la democracia, e impulsar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia. Adicionalmente solicitó que, para ello, se cuente con el respaldo de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos.
Fuentes: Naciones Unidas, AMA, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
