El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha determinado que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad al realizar encarcelaciones, torturas, desapariciones forzadas, deportaciones y persecuciones políticas. El informe “Nicaragua: la represión en clave de género” establece que estos actos forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil coordinado desde las más altas esferas del poder. El género de las víctimas ha influenciado directamente en su selección, en los métodos de tortura empleados y en la gravedad de los impactos sufridos.
Desde abril de 2018, se ha documentado la detención arbitraria de al menos 988 mujeres por motivos políticos, de las cuales 233 eran defensoras de derechos humanos, periodistas o líderes políticas. Estas detenciones han estado marcadas por la incomunicación, la falta de garantías procesales y la imposición de cargos infundados. Las víctimas son sometidas a procesos judiciales injustos donde se utilizan estereotipos de género para criminalizarlas, buscando neutralizar su liderazgo y capacidad de movilización.
La tortura en los centros de detención ha incluido formas de violencia sexual destinadas a castigar la participación política. Una de las víctimas narró un episodio de humillación por agentes uniformados: “Entré en un cuarto del Distrito III, donde me tomaron fotos y me pidieron quitarme la ropa. Yo me negué… Pero ellos dijeron que tenía que hacerlo frente a ellos. Eran cuatro hombres uniformados y mayores. Me puse a llorar. Me obligaron a girar hacía la pared, quitar mi ropa y hacer siete sentadillas frente a ellos. Unos me decían: ‘quien te manda a estar hablando mierdas que no tienes que estar hablando’ y ‘de nada te vale llorar’. Otro decía: ‘ponele a hacer más a esta hija de perra’ y todos se reían”.
Además, las autoridades han instrumentalizado la maternidad y los roles de cuidado como mecanismos de coacción psicológica durante los interrogatorios. El informe documenta el testimonio de una mujer-madre presionada para firmar confesiones falsas: “Comenzaron a insultarme. Me dijeron que era una tonta e ignorante y me amenazaron con quitarme a mis hijos. Sacarlos de la casa de mi mamá y llevarlos al Ministerio de la Familia. Se reían mientras decían que tenían autoridad sobre mi vida. Me llamaron ‘mujer débil’, ‘llorona’ y ‘mala madre’, acusándome de preocuparme más por ‘los gringos’ que por mis hijos… Durante nueve meses no supe nada de mis hijos”.
Desaparición forzada como patrón punitivo
La desaparición forzada se ha consolidado como patrón punitivo para aterrorizar a las familias y silenciar las voces críticas. El GHREN ha investigado casos de mujeres que permanecieron desaparecidas varios meses y hasta más de un año, como Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 69 años, y Angélica Patricia Chavarría Altamirano. El informe aclara que, según el derecho internacional, no existe tiempo mínimo para que el ocultamiento de una persona califique como desaparición forzada.
Las detenidas por motivos políticos sufren un trato discriminatorio sistemático dentro del sistema penitenciario, incluyendo el aislamiento prolongado. Dora María Téllez, figura de la oposición, denunció que el confinamiento solitario fue aplicado con saña contra las mujeres: “Las únicas personas que estuvieron en confinamiento solitario fueron mujeres, las cuatro del mismo partido político. Las aislaron por ser de UNAMOS y por ser mujeres desafiantes, al referirse a Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona, Tamara Dávila y ella misma. La intención era quebrarte. Sentirse ellos que son dueños de vos. Las orientaciones venían de la Chayo [Rosario Murillo] y Daniel Ortega”, se indica en el informe.
La vigilancia y el acoso digital son acciones ejecutadas por redes coordinadas de informantes y granjas de troles vinculadas al partido oficial y a instituciones como Instituto de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, ente regulador de las telecomunicaciones y correos en el país . Las campañas de difamación utilizan ataques sexualizados para destruir la reputación de las activistas, calificándolas de “abortistas” o traidoras”. Se ha documentado el uso de programas de espionaje y el doxing para facilitar amenazas de muerte y agresiones directas contra las defensoras.
La represión se ha extendido más allá de las fronteras mediante la privación arbitraria de la nacionalidad de al menos 84 mujeres. Estas víctimas han sido declaradas traidoras a la patria y eliminadas de los registros públicos por orden judicial, quedando en situación de apatridia. La desnacionalización es el castigo máximo contra mujeres con alta visibilidad pública, como académicas y periodistas, por ejercer un liderazgo político autónomo y feminista.
Dos casos ilustrativos de esta persecución son los de las feministas Sofía Montenegro y Azahalea Solís, quienes fueron despojadas de su nacionalidad sin notificación previa. Tras ser declaradas prófugas y traidoras, el Estado procedió al decomiso de sus bienes y al congelamiento de sus cuentas bancarias. Esta práctica de muerte civil busca borrar a las opositoras del espacio político y cívico nacional de forma permanente.
La deportación forzada ha desarraigado a cientos de mujeres nicaragüenses, muchas de las cuales denuncian haber salido bajo amenazas directas de la policía. Una expulsada relató: «Llegaron varios policías y me dijeron que tenía 24 horas para salir del país… Una de las policías me dijo al oído: ‘No podés volver a Nicaragua porque si volvés te vas al Chipote [centro de detención] y no salís nunca.’ Cuando iba bajando del vehículo me repitió: ‘Ya sabes, ya estás advertida, aquí nunca más vuelvas porque sabemos dónde están tus hijos’».
La desatención consular deja a las víctimas en una situación de indefensión jurídica total en el extranjero al negárseles documentos básicos. Una exiliada describió la imposibilidad de regularizar su situación migratoria: “Un familiar fue a pedir una partida de nacimiento para mí y para mi hijo. La de mi hijo la pudo lograr, pero la mía no. Le dijeron: ‘Ella no existe en el sistema’… Actualmente no cuento con ningún documento de identidad. Por eso tengo dificultad para tener acceso a salud, educación, empleo y libertad de movilidad”.
La confiscación de pensiones de jubilación ha dejado a muchas mujeres mayores en la precariedad económica y la indigencia. El informe recoge testimonios sobre el impacto devastador de estas medidas: “Las brutales confiscaciones de nuestras pensiones y de nuestros ingresos afectan nuestra vida digna. También tienen afectaciones a terceros, porque nosotros ayudábamos a familiares que son ancianos y dependían de nosotros”. La persecución económica se utiliza como arma para neutralizar las voces críticas.
Un caso de especial preocupación es el de la abogada Vilma Núñez de Escorcia, de 87 años, quien vive en Nicaragua en situación de apatridia in situ. La defensora histórica de derechos humanos, quien fuera Vice presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) enfrenta severas restricciones al acceso a su salud y la seguridad social tras la pérdida de su nacionalidad. Su situación ilustra la vulnerabilidad extrema de las adultas mayores ante el despojo total de su protección jurídica.
El Grupo de Expertos insta a la comunidad internacional a no normalizar la impunidad y a apoyar procesos de rendición de cuentas mediante la jurisdicción universal. Es vital brindar asilo y protección a las nicaragüenses perseguidas, reconociendo los daños específicos que sufren por su género. El informe concluye señalando a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como responsables primafacie de estos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018.
Foto: Prensa.ibero.mx
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