Redacción AP Luego que el régimen orteguista cerrara la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), el Consejo Nacional de Universidades (CNU) informó este miércoles que “garantizará la continuidad académica” de los estudiantes.
“El CNU garantizará la continuidad académica de los estudiantes de las extintas universidades arriba indicadas, mediante su inclusión en los programas académicos de universidades miembros del CNU, sin perjuicio de que decidan estudiar en otras universidades” expresaron en el comunicado.
Según el CNU, está pidiendo a las autoridades de las dos universidades canceladas la entrega expedita y ordenada de la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, base de datos de matrícula y calificaciones “con el fin de garantizar a los estudiantes, egresados y titulados la seguridad jurídica de sus procesos académicos”.
La Universidad Juan Pablo II, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, indicó que está atentas a las orientaciones para la “transición a las autoridades gubernamentales competentes” y así iniciar el proceso como lo establezcan.
“Estaremos en permanente comunicación con nuestra comunidad educativa, informando de los procedimientos a seguir en el traspaso ordenado de nuestra casa de estudios a las autoridades”, señala la universidad en una comunicación que hicieron pública en las redes sociales.
La dictadura Ortega-Murillo en la resolución del Ministerio de Gobernación señala a las universidades de no reportar sus estados financieros y juntas directivas; no presentar aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos; de movimientos en cuentas sin justificar y de no estar acreditadas en los indicadores de calidad.
Las resoluciones emitidas por Gobernación se dan en la semana en que en el Consejo de Derechos Humanos el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó un informe en el que destacan que en 2021 el régimen orteguista inició una “dinámica de cancelaciones masivas de la personalidad jurídica de organizaciones”.
Los expertos han señalado además que la cancelación de organizaciones de la sociedad civil por el Gobierno es “arbitraria, y está dirigida a reconfigurar el espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social”.
La dictadura ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.
