El panorama político en Colombia se encuentra en una encrucijada determinante ante la próxima toma de posesión de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero el próximo 7 de agosto. Espriella, abogado y empresario de 47 años representa un giro hacia posturas de ultraderecha que han generado una preocupación en diversos sectores sociales del país. Su ascenso al poder está marcado por un historial como defensor de figuras polémicas, incluyendo políticos y empresarios señalados por corrupción y vínculos con el paramilitarismo. Estos antecedentes configuran un escenario complejo para la gobernanza de una nación que intenta superar décadas de conflicto interno y desigualdad social.
La campaña que llevó a De la Espriella a la presidencia se cimentó sobre pilares de mano dura contra la delincuencia, prometiendo incluso la construcción de diez megacárceles en el territorio nacional como lo hizo en su momento el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Este enfoque, centrado en la defensa de la familia tradicional y un concepto restrictivo de patria, busca rediseñar el tejido social colombiano bajo una óptica de control estricto.
La polarización histórica del país ha servido como terreno fértil para estas propuestas, las cuales encontraron una caja de resonancia significativa a través de plataformas digitales y redes sociales. El ambiente político se percibe cargado de una retórica que prioriza el orden sobre la expansión de las libertades individuales.
Postulados de ultraderecha y el riesgo social
Uno de los aspectos más preocupantes de lo que será la nueva administración es su oposición explícita a derechos fundamentales adquiridos por las mujeres y la comunidad de la diversidad en años recientes. De la Espriella ha manifestado abiertamente su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo, el feminismo y la adopción homoparental. Su agenda contempla también el posible retiro de Colombia de organismos internacionales clave, tales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos movimientos sugieren una intención de aislar al país de la vigilancia internacional en materia de estándares mínimos de derechos humanos.
Ledis Daniela Muñoz Guerrero, licenciada en filosofía feminista, estuvo en la edición de Agenda Propia Nicaragua este lunes 27 de julio, destaca el impacto psicológico y político de esta transición en las mujeres colombianas. Según Muñoz, la posibilidad de que una candidatura con estas características alcanzara el poder fue suficiente para activar una alarma colectiva en las organizaciones sociales. “La preocupación fue realmente un miedo que sentimos y un profundo pues más que rechazo. Sí yo creo que miedo por las implicaciones de que llegue alguien con estas posturas fundamentalistas y extremistas al poder”, relata. Este temor se fundamenta en la percepción de que el nuevo gobierno representa un atentado directo contra el Estado laico.
Amenazas a la autonomía de los cuerpos
El retorno a los valores de la Constitución de 1886 parece ser el norte ideológico de este mandato, lo que implica una fuerte injerencia de postulados religiosos en los asuntos públicos. Esta regresión cultural amenaza avances jurídicos significativos, ejemplificados en la sentencia C5 de 2022 que favorece el derecho al aborto. Aunque existan blindajes constitucionales, el manejo administrativo y de presupuesto del ejecutivo podría crear barreras invisibles para el acceso efectivo a la salud reproductiva. La autonomía de las mujeres se ve supeditada a una visión moralista del ejercicio del poder estatal que busca limitar su capacidad de decisión, comenta la filósofa.
El análisis de Muñoz profundiza en la estructura autoritaria que se vislumbra en el horizonte político del país bajo esta nueva dirección gubernamental. Ella advierte que el plan de gobierno presentado no prioriza la soberanía de la ciudadanía sobre sus realidades territoriales o sus decisiones corporales. “Su plan de gobierno es un plan que no está enfocado ni en la defensa del territorio ni en la defensa ni la autonomía de los cuerpos sino por el contrario entre más autoritarismo cuestión de haber más sumisión y menos autonomía”, afirma. Esta dinámica busca instaurar un modelo donde la obediencia sea la norma frente a la exigencia de derechos.
Retrocesos en el territorio y la paz
Las mujeres de las comunidades étnicas son quienes se encuentran con mayor vulnerabilidad ante este cambio de régimen. La propuesta de retomar prácticas extractivas y el posible retroceso en la implementación de los acuerdos de paz de 2016 generan una incertidumbre que recorre todo el territorio. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría ver mermada su capacidad operativa y su labor de reparación bajo esta nueva visión del conflicto. La seguridad de quienes defienden la tierra se encuentra en entredicho frente a una política que privilegia intereses económicos tradicionales, sostiene Muñoz.
La narrativa de la batalla cultural se ha convertido en una herramienta para validar el machismo y la misoginia en el discurso público de los sectores de extrema derecha. Este fenómeno responde a una tendencia que busca deslegitimar las luchas sociales históricas de las mujeres presentándolas como enemigas de la nación, explica. Se promueve una cultura que exalta lo que Muñoz define como narcocultura o cultura traqueta, dejando de lado los procesos de reconciliación nacional. El resultado directo es una agudización de la polarización que fragmenta todavía más a una sociedad que anhelaba sanar las heridas de la guerra.
Gabinete y representación simbólica
Aunque el nuevo presidente ha designado a varias mujeres para integrar su equipo de ministras, este gesto es recibido con escepticismo por parte de las organizaciones. Se critica que estas funcionarias no ocupan carteras estratégicas para el país, quedando relegadas a áreas percibidas con menor peso en la toma de decisiones. Durante su campaña, el ahora mandatario llegó a cuestionar de manera pública la idoneidad de las mujeres para desempeñar cargos de relevancia estatal. Esta contradicción entre su discurso previo y la práctica actual sugiere que la inclusión femenina responde a una estrategia de cuotas burocráticas.
Muñoz Guerrero sostiene que resulta indispensable observar con ojo crítico los perfiles de las mujeres elegidas para representar esta nueva etapa del gobierno nacional. Muchas de estas designadas están vinculadas a grupos religiosos o clanes políticos tradicionales que mantienen visiones restrictivas sobre los derechos ciudadanos. Estas figuras representan a lo que la entrevistada denomina como la “crema burocrática de la política tradicional”, lo cual las distancia de las necesidades reales de los territorios. La diversidad étnica y cultural de Colombia parece haber quedado fuera de los intereses de este círculo de poder centralizado.
Violencia política y estereotipos de género
La violencia simbólica se manifiesta con claridad en la forma en que las mujeres con liderazgo político son evaluadas y atacadas dentro del debate público. En lugar de centrarse en sus capacidades de gestión administrativa, el escrutinio suele desviarse hacia su apariencia física, vida personal o fe religiosa. Se ha observado una tendencia sistemática a subestimar las trayectorias comunitarias, hecho que sufrieron figuras de la importancia de Francia Márquez o diversas líderes indígenas. Estos ataques racistas y misóginos tienen el objetivo de invalidar la legitimidad de las mujeres que alcanzan espacios de poder.
A las mujeres siempre se les exige demostrar una preparación superior para ser tomadas en cuenta dentro de una estructura política dominada por hombres con privilegios. Según explica Muñoz, “a las mujeres siempre les ha tocado demostrar el doble o el triple o defender su trayectoria comunitaria dentro de estándares académicos en comparación con hombres que pertenecen a clanes políticos”. Esta desigualdad en la evaluación de los perfiles profesionales perpetúa los roles tradicionales de género y dificulta el acceso a una paridad real. La lucha por el reconocimiento institucional sigue siendo una labor ardua frente a prejuicios sociales muy arraigados.
Relaciones internacionales y negacionismo
El giro radical en la política exterior bajo el mando de De la Espriella marca un distanciamiento definitivo con los procesos de integración regional que se venían gestando. Se ha anunciado que no existirá representación diplomática en países como Nicaragua o Cuba, siguiendo las directrices ideológicas de la derecha internacional. Simultáneamente, se prioriza el restablecimiento de vínculos estrechos con el Estado de Israel, ignorando las denuncias globales sobre las acciones en territorio palestino. Este reordenamiento geopolítico responde a una agenda que busca alinearse estrictamente con sectores conservadores de los Estados Unidos.
Existe un riesgo latente de que se instaure un discurso oficial de carácter negacionista sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente de Colombia. Se teme que las verdades descubiertas sobre ejecuciones extrajudiciales sean cuestionadas con el fin de proteger la reputación de ciertos líderes políticos. Las madres de Suacha, que han dedicado años a la búsqueda de justicia, enfrentan la posibilidad de que el Estado ignore su dolor y sus reclamos de reparación. Negar la historia de las víctimas constituye una forma de violencia que bloquea cualquier intento de construir una paz estable.
Desafíos ante la comunicación digital
El empleo masivo de las redes sociales y la inteligencia artificial para moldear la opinión pública representa un desafío técnico y cultural para las generaciones más jóvenes. Se ha identificado un fenómeno denominado tecnofascismo que utiliza figuras mediáticas e influenciadores para validar discursos de odio y roles de género tradicionales. Las mujeres jóvenes son el objetivo principal de campañas que desinforman y promueven ideas misóginas bajo estéticas que resultan atractivas en el entorno digital. Frente a este escenario, las organizaciones proponen fomentar un pensamiento crítico que logre diferenciar la realidad territorial de la propaganda tóxica.
Los retos organizativos para los primeros meses de gobierno son inmensos y exigen una conexión permanente con la realidad que viven las comunidades en sus territorios. Resulta imperativo defender la educación pública, la integridad de la Amazonía y los logros en derechos humanos que son fruto de décadas de esfuerzos sociales, detalla Muñoz. A la vez, hace un llamado a volver a las bases discursivas que permitan a la ciudadanía comprender y proteger sus propios derechos fundamentales. La resistencia se apoya en la memoria de las colombianas que iniciaron estas luchas y que no están dispuestas a permitir retrocesos.
Mirá la entrevista completa:
Daniel Rodríguez Moya 
agendapropianicaraguapress