Daniel Rodríguez Moya Una veintena de organizaciones nicaragüenses han remitido una carta, el 28 de octubre a la directora ejecutiva del Fondo Verde del Clima, Mafalda Duarte mostrándole su estupor ante el aval que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos ha otorgado a la “mal llamada consulta” a las comunidades indígenas y afrodescendientes en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, desarrolladas por la dictadura de los Ortega Murillo en el marco del Proyecto Bio-Clima con financiamiento del Fondo Verde del Clima, y, recuerdan los firmantes, con recursos suplementarios a través del mecanismo para el Medio Ambiente Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica.
En la misiva, las organizaciones, entre las que se encuentran el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, la Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua y la Coalición Nacional, se explica que el régimen Ortega Murillo desarrolló un proceso “anómalo” y una “pantomima” de consulta entre las comunidades indígenas, una consulta que, no se debe olvidar, se realiza, como incidencia de las entidades que suscriben la queja, en un contexto de “represión, persecución, criminalización y exilio forzoso a líderes y defensores indígenas que acompañan a las comunidades”, a la que hay que sumar, añaden, “un control político militar a las autoridades tradicionales que ha alcanzado a todos los niveles en los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de manera progresiva y sistemática”.
De ese modo, aseguran que la supuesta consulta y el “consentimiento invasivo y forzoso” desarrollado en las comunidades indígenas, “no cumple” con los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, desarrollada de buena fe, adecuada culturalmente y mediante sus instituciones representativas, para que el proceso sea adecuado y válido. De este modo, agregan, “no existe ninguna entidad ni mecanismo independiente que fiscalice y acompañe técnicamente a las comunidades antes, durante y después del proceso”.
Mafalda Duarte en una intervención en una actividad del Fondo Verde del Clima. Foto: Leigh Vogel
En este sentido, en la comunicación enviada a Mafalda Duarte se señala que los informes presentados por el régimen Ortega Murillo, “no recogen la opinión ni las preocupaciones de la población de la zona”. Tampoco reflejan sus intereses “ni la grave situación de represión y persecución que están sufriendo”, en particular con sus líderes apresados, en el exilio o en la clandestinidad, con sus organizaciones canceladas y sus medios de comunicación cerrados, inciden.
De este modo, los firmantes muestran su perplejidad ante el organismo de Naciones Unidas al que señalan por “desconocer” la violación sistemática de derechos humanos que se ha impuesto a la población nicaragüense, a los pueblos indígenas y afrodescendientes “quienes siguen sufriendo masacres, asesinatos y desplazamiento forzado mediante el despojo de sus tierras comunales y depredación de los recursos naturales en total impunidad”.
Así las cosas, en la carta se asevera que el proyecto de Fondo Verde del Clima “vendría a legalizar las violaciones a los derechos humanos” a los pueblos indígenas y contribuir a la “impunidad” en Nicaragua. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y la secretaria del Fondo Verde del Clima estarían con su aval “convirtiéndose en cómplices de una dictadura” que ha sido condenada por los organismos de derechos humanos de la ONU y de la OEA por violaciones a los convenios internacionales suscritos por Nicaragua, “que no atiende las múltiples resoluciones que han emitido sustentadas en amplios informes de expertos independientes y documentadas denuncias”.
Por todo ello, en el escrito hacen un llamado tanto al Fondo Verde del Clima, a los Estados donantes de este mismo y al Banco Centroamericano de Integración Económica para la “suspensión de todo plan de financiamiento actual y futuro” a la dictadura de los Ortega Murillo. Los firmantes concluyen apelando a la comunidad internacional que “no puede consentir que los recursos de la cooperación se utilicen para fortalecer un régimen que persigue y reprime a sus ciudadanos y que desconoce los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
Entre tanto, la Fundación del Río organización ambientalista de Nicaragua, cuya personalidad jurídica le fue cancelada en diciembre de 2018, lamentó en un mensaje a través de la red social X , la decisión de la UNOPS y el Programa Mundial de Alimentos por «hacer un lavado de imagen del proceso de consulta. Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río asegura que el informe del régimen es de una “simulación de consultas” dado que el proceso fue hecho con sus propios partidarios».
A su vez, agregó que el proceso de consulta solo se realizó con el 3% de la población indígena, lo que demuestra que ni fue ni amplia ni participativa»
