Por Imara Largaespada
Cada verano, cuando las estanterías de los supermercados se llenan de melocotones, nectarinas, ciruelas y uvas, pocas personas piensan en quienes hacen posible que ese producto llegue a la mesa. Detrás de cada bandeja de fruta fresca hay miles de mujeres migrantes que sostienen con su esfuerzo diario uno de los sectores agrícolas más potentes de la economía y la exportación en España.
Son trabajadoras que dejaron atrás sus países, familias y, en muchos casos, a sus propios hijos para buscar una oportunidad real de vida. A pesar de ser la columna vertebral de la recogida y el empaquetado, su labor sigue sumergida en una profunda invisibilidad social. Esta campaña no solo habla de campo; habla de migración, desigualdad de género y las barreras estructurales para rehacer la vida.
La rutina de estas jornaleras comienza cuando todavía es de noche. A las cinco de la mañana ya están listas para trasladarse hacia almacenes y centrales hortofrutícolas alejadas de los núcleos urbanos. Dependen de vehículos particulares, de compartir gastos de gasolina con otras compañeras o de que algún conocido las acerque para garantizar su presencia diaria al pie de la línea de producción.
Una vez dentro de la planta de manipulado, arranca una jornada física implacable. Pasan horas enteras de pie seleccionando, clasificando y confeccionando cajas a través de movimientos repetitivos. Trabajan en naves frías para no romper la cadena de conservación, mientras en el exterior las temperaturas estivales superan con facilidad los treinta y cinco grados centígrados.
Ese contraste constante entre el calor extremo y el frío de las cámaras pasa una factura alta. Muchas sufren dolencias musculares, problemas circulatorios, cuadros respiratorios y cortes en las manos. A la exigencia física se suma la presión por mantener el ritmo industrial exigido y unos tiempos de descanso que resultan claramente insuficientes para lograr una recuperación adecuada.
Fuera de los almacenes, estas mujeres enfrentan además una doble o triple jornada sin tregua. Son trabajadoras del campo, cuidadoras de sus hogares y, con frecuencia, las únicas proveedoras de ingresos para sus familias. A esta carga física se añade una constante presión emocional que condiciona su cotidianidad: el miedo a no ser llamadas para trabajar en la siguiente temporada.
Existe un temor fundado a perder el empleo, a reclamar mejores condiciones laborales o a ser etiquetadas como conflictivas por la patronal. En el caso del colectivo migrante, este recelo se vincula directamente a la necesidad de mantener ingresos regulares para renovar papeles, pagar alquileres cada vez más caros y continuar enviando remesas vitales a sus países de origen.
La precariedad laboral en el sector agrícola no significa únicamente percibir salarios bajos. Implica operar bajo una enorme presión psicológica y corporal en la que apenas existe margen real para protestar. Muchas aceptan abusos porque la necesidad de subsistencia se impone, no porque consideren que las condiciones en las que desempeñan su labor sean justas o razonables.
Desde una perspectiva feminista e interseccional, resulta imposible analizar la producción agrícola sin señalar el racismo estructural y la desigualdad laboral. Las trabajadoras migrantes ocupan los puestos más duros e invisibilizados, pero siguen estando ausentes en las discusiones sobre políticas agrarias, derechos del colectivo campesino y reformas de la soberanía alimentaria.
Hablar de consumo responsable exige preguntarnos quiénes cosechan y empacan lo que comemos. Al celebrar la riqueza del campo, hay que reconocer a las mujeres que la hacen posible con sus manos. Ellas no piden compasión, sino el cumplimiento estricto de sus derechos: pausas dignas, prevención de riesgos, transporte seguro, salarios justos y una verdadera igualdad de oportunidades.
Sin la mano de obra de estas mujeres, la recolección simplemente se paralizaría por completo. Dar visibilidad a su realidad no constituye un gesto de caridad, sino una demanda de justicia social y derechos humanos. Las frutas del verano también tienen rostro de mujer migrante, y es momento de que la sociedad y las instituciones empiecen a mirar de frente esa realidad laboral.
Imara Largaespada es integrante de Artemisa migrantes y refugiadas
Daniel Rodríguez Moya